UCS. Bajo la modalidad virtual, la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS) concluyó el 10 de febrero el Programa de Formación Básica para Técnicos y Técnicas Judiciales, actividad que convocó a 14 personas integrantes del grupo 1, quienes culminaron y aprobaron las acciones formativas estipuladas en el programa que inició en el 2022.

Según manifestó el fiscal Edgar Barquero Ramírez, estos espacios de formación buscan mejorar las competencias del personal técnico judicial del Ministerio Público y es un compromiso institucional de la Fiscalía General.

 “La UCS desarrolla actividades formativas sumamente relevantes para facilitar el conocimiento y brindar herramientas adecuadas al personal de apoyo, quienes cumplen una función indispensable en la tramitación de las causas penales y en la atención primaria de personas usuarias. A la vez, se trabaja arduamente en desarrollar las habilidades de comunicación y sensibilización ante personas en condición de vulnerabilidad o vulnerabilizadas que son atendidas en las fiscalías u oficinas de la institución, como parte del compromiso en mejorar el servicio público brindado” resaltó.

Por su parte, Karen Chaves Valverde, fiscal adjunta de la UCS indicó que “debe celebrarse la culminación de este proceso formativo para el personal técnico judicial, que se constituye en una herramienta valiosa para el trabajo diario y en consecuencia para un mejor servicio a la persona usuaria, debido a que la labor encomendada es esencial dentro del proceso penal y para una tramitación adecuada de las investigaciones. Se reconoce el esfuerzo realizado por las personas asistentes, felicitaciones por los frutos obtenidos y éxitos en el desempeño de sus funciones”.

El personal capacitado recibió los certificados de aprovechamiento con una duración de 308 horas y actualmente se encuentra en el desarrollo del programa el grupo 2 y 3, conformado por personal técnico de todo el Ministerio Público.

Mónica Álvarez Pérez

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En el marco del I Concurso de Recolección de Tapas, la Fiscalía Adjunta de Santa Cruz entregó 30 kilos de tapas plásticas a la Subcomisión de Gestión Ambiental del Poder Judicial, acción que les permitió ganar el primer lugar por el aporte a la preservación y cuido del medio ambiente.

Con el material recolectado, la organización sin fines de lucro Asociación para la Prosperidad y Progreso de las Comunidades Costarricenses, entregará una vivienda para una familia de la comunidad del Cacao en Santa Cruz, Guanacaste.

Con el objetivo de promover la conciencia ambiental y proteger el ambiente, la fiscalía promovió el trabajo en equipo para la recolección de las tapas. Así, el personal colaboró reuniéndolas desde sus hogares durante el año anterior y logró solo sacar el plástico del entorno y contribuir con el bienestar de una familia.

Según Aymeé Caravaca Wauters, fiscala adjunta, el reconocimiento que recibe el Ministerio Público es gratificante y motiva en la contribución con el ambiente en un proyecto sostenible, así se elimina de las calles plástico que pudo haber llegado los vertederos, alcantarillas, ríos o mares.

“Este concurso no solo favorece el área ambiental, sino también un aporte en el área social. En años anteriores las tapas donadas fueron utilizadas para la confección de las rampas de accesibilidad en diferentes playas, por lo que nos orgullece también haber sido parte de tan hermosa labor”, acotó.

El reconocimiento fue recibido el 9 de febrero por la Subcomisión de Gestión Ambiental del Poder Judicial. La Fiscalía Adjunta de Santa Cruz continuará fomentado estas buenas prácticas que colaboran en la disminución de la contaminación y contribuyen en el desarrollo de acciones dirigidas en el ámbito social.

Mónica Álvarez Pérez

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Desde octubre anterior, la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS) inició con el proceso de reclutamiento y selección, cuyo objetivo es suplir la necesidad de consolidar un banco de personas oferentes para el puesto de fiscal y fiscala auxiliar.

Según lo informó Omar Jiménez Madrigal, especialista en contenidos de la UCS, este proceso busca garantizar un servicio público de calidad y acreditar que las personas postulantes cuenten con conocimientos, condiciones y competencias idóneas para ejercer la función fiscal, por consiguiente, deberán de cumplir con varias fases para ser elegibles. Estas son: contar con nota de calificación de admisibilidad, un examen oral, una valoración psico-sociolaboral, un curso teórico de inducción y una práctica dirigida.

¿En qué consiste cada fase?

Para la primera fase, la persona postulante deberá de contar con una nota de calificación de admisibilidad, la cual consiste en el promedio académico universitario y la nota del examen de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, además, se realiza una evaluación oral basada en una metodología de gestión de casos integrados, por lo que se ha establecido un modelo de tribunales compuestos por especialistas de contenido, designados por la UCS, entre ellos fiscales y fiscalas de vasta experiencia que colaboran aportando su visión y dominio competencial.

La segunda fase radica en las técnicas selectivas psico-sociolaborales y el estudio e investigación de antecedentes, labor que ejecuta la Unidad de Investigación Sociolaboral y Antecedentes de la Sección de Reclutamiento de la Dirección de Gestión Humana.

Como tercera etapa se efectúa el curso teórico de inducción, el cual evalúa las competencias del personal fiscal en el ejercicio de su función y, por último, la práctica dirigida, que consiste en una evaluación de las competencias desarrolladas a nivel práctico en las dos áreas más fuertes en la función fiscal, como lo son la formulación de requerimientos fiscales y otras gestiones escritas y la representación oral del Ministerio Público en diferentes tipos de audiencias.

Cuando las personas oferentes aprueben las cuatro fases, adquieren la condición de postulantes para realizar nombramientos en el puesto de fiscal auxiliar de manera interina.

Hasta la fecha, se ha evaluado a más de 152 personas en la primera fase, la cual concluye este 08 de febrero.

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS) inició este lunes con la cuarta promoción de los Programas de Especialización Competencial en Delincuencia Organizada en su modalidad virtual y presencial, dirigida a personal fiscal, de apoyo y de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.

El objetivo de estas formaciones consiste en desarrollar las competencias que le permitan a las personas participantes adquirir conocimientos, fortalecer habilidades y poner en práctica las destrezas para enfrentar el fenómeno de crimen organizado de acuerdo con las disposiciones de la ley; además, consta de elementos importantes que les permitirá guiar su trabajo en apego al marco ético profesional propio de la práctica jurídica, de acuerdo con las normas de conducta de los valores del Ministerio Público, para garantizar la probidad y un servicio público de calidad.

Uno de los docentes de la actividad formativa fue Juan Carlos Carrillo Mora, jefe del Proyecto Institucional Modelo de Abordaje de Delincuencia Organizada y estructuración organizativa, funcional y jurídica de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada.

Carrillo señaló que, ante la aprobación la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica y la Ley de Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, se dispuso la creación y desarrollo de una nueva fiscalía adjunta especializada en el tema, ya que se hace necesario e indispensable que la institución brinde capacitación en la materia a su personal, respetando los diferentes perfiles competenciales de puestos, en aras de lograr el éxito de los objetivos propuestos en este nuevo despacho especializado.

Por su parte, Javier Valerio Vásquez, fiscal adjunto de la nueva Jurisdicción en Delincuencia Organizada, agradeció a la UCS por llevar a cabo esta capacitación, que, afirmó les será de gran ayuda para el desafiante reto que se tiene por delante, con mística, probidad, compromisos y valentía, “no solo por el bien del Ministerio Público, sino por el país que lo demanda en este momento tan difícil que se vive en cuanto al combate a la delincuencia organizada”, dijo.

De acuerdo con lo manifestado por Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta de la UCS, este programa es un aporte que la Unidad realiza en la construcción de una fiscalía fortalecida, contra una criminalidad que lesiona gravemente la sana convivencia social.

El espacio concluyó con la participación del fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, quien refirió que “el Programa tiene una alta relevancia, ya que con estas acciones es posible aumentar el conocimiento de las personas que laboran en esta criminalidad y es posible ampliar el espectro de los delitos relacionados con el crimen Organizado, su abordaje y persecución por parte del Ministerio Público”.

El Programa ha capacitado a más de 50 personas y, debido a la demanda, fue necesario realizar una promoción más. 

08 de febrero del 2023. El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, dirigió ayer el primer Consejo Fiscal del 2023, en el que expuso y analizó temas relacionados con indicadores de desempeño de las distintas fiscalías del país. La reunión con fiscalas y fiscales adjuntos tuvo lugar en el Colegio de Abogadas y Abogados, en Zapote.

Durante la jornada, la fiscala adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión, Karen Valverde Chaves, presentó el plan de rezago que ejecuta la institución en nueve despachos del Ministerio Público (MP). El plan busca desarrollar mecanismos de gestión que permitan la celeridad en la finalización de expedientes en rezago, es decir, con más de dos años en trámite.

El fiscal Díaz aprovechó el encuentro para brindar un reconocimiento al exfiscal general a.i., Warner Molina Ruiz, quien se desempeñó en el cargo por 16 meses. El jefe del Ministerio Público reconoció la importancia de honrar el pasado de la institución, puesto que cada persona en el cargo deja una huella con los esfuerzos dirigidos a mejorar el MP.

Por su parte, Molina, actual fiscal adjunto contra la legitimación de capitales y persecución patrimonial, manifestó su agradecimiento con la institución e instó al personal a apoyar la gestión del actual jerarca, para lograr el cumplimiento de objetivos que llevarán a fortalecer el Ministerio Público.

Mónica Álvarez Pérez 

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La norma GICA-JUSTICIA es el Sistema de Gestión de Calidad que busca el establecimiento de estándares para garantizar la mejora del servicio brindado a la persona usuaria, el ambiente laboral y el ajuste de procesos que permita a los despachos una labor eficaz y eficiente. 

Durante el 2021 y el 2022, dos oficinas del Ministerio Público lograron el sello de acreditación en el Sistema de Gestión de Calidad (GICA). Se trata de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) y de la Oficina de la Defensa Civil y de las Víctimas (ODCV), despachos que implantaron estándares de gestión de calidad, promoviendo la satisfacción del personal y los parámetros para gestionar la documentación de una manera estandarizada, eficaz y segura. 

La UCS fue la primera en conseguir la acreditación, en gestión documental. Con este sello, el despacho organizó el manejo de actividades de capacitación, reclutamiento y selección, supervisión, proyectos y procesos administrativos, así como la forma de archivarlos y conservarlos. 

En el 2022, la Unidad obtuvo la aprobación en la acreditación con el Sello de Gestión Organizacional, permitiéndole emitir lineamientos generales acerca de la forma en se organiza internamente y la constitución de comisiones de trabajo en las que participa de manera proactiva y diligente en la atención de temas como calidad, bienestar organizacional, persona usuaria, comunicación, capacitación, salud ocupacional y gestión ambiental. 

Luis Humberto Villalobos Oviedo, profesional en métodos de enseñanza de la UCS, afirma que la obtención de este sello logró el involucramiento de todas las personas funcionarias en distintas actividades de la organización y se promovió el surgimiento de liderazgos. 

“En el 2023, la UCS espera obtener la acreditación en el sello de gestión de procesos, con lo que estaría completando de manera integral el sistema de gestión de la calidad, según la norma GICA-Justicia del Poder Judicial” manifestó. 

De igual manera, la ODCV obtuvo el Sello de Gestión Documental, permitiendo un mayor control, organización, seguridad y custodia de los documentos que generan los procesos propios de la entidad. 

Según expresó la fiscala adjunta de esa oficina, Ana Daisy Quirós Barrantes, la implantación permite estandarizar la gestión judicial, técnica y administrativa, lo que agiliza la ubicación, trámite y preservación de documentos, alineados con la mejora continua para el servicio que brindan a las personas usuarias. 

“Dados los beneficios obtenidos, se gestionó la réplica del proceso en sus 15 sedes a nivel nacional, las que ya han participado de la sensibilización y utilidad que conlleva, por lo que se espera abarcar inicialmente las oficinas territoriales de Pavas, Desamparados, Pérez Zeledón, Limón, Puntarenas y Santa Cruz, aprovechando el compromiso de las personas integrantes del equipo de trabajo a en todo el país”, agregó Quirós.  

Otras fiscalías, dentro de las cuales están Pavas, Liberia y Puntarenas, se encuentran en proceso de acreditación. 

 La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público impartió tres conferencias virtuales, relacionadas con la criminalidad no convencional, actividad que convocó a 38 personas funcionarias de la institución entre el 23 y el 25 de enero. 

Las conferencias tuvieron como finalidad informar sobre los aspectos generales del modelo de abordaje de criminalidad no convencional, así como el desarrollo en contenidos sobre ciberseguridad y seguridad bancaria, estafas informáticas y cooperación internacional. 

Martín Arias Araya, viceministro de Seguridad Pública, se encargó de iniciar cada una de las conferencias, y explicó que con el desarrollo de nuevos productos financieros, se rompe con el paradigma tradicional de la seguridad bancaria que se ha desarrollado a lo largo de la historia y, por ende, este espacio es vital, ya que se imparte en el marco de las acciones de prevención que se dirigen a la ciudadanía y a las instituciones del país, para contener el impacto negativo financiero que están sufriendo muchas familias.  

Sharon Rodríguez Segura, fiscala expositora, indicó que es necesario que el personal fiscal cuente con el conocimiento necesario en seguridad bancaria y estafas informáticas, delitos que vienen en incremento y, por lo tanto, es valioso contar con las herramientas necesarias para su correcto abordaje. 

“Es fundamental manejar el tema de la colaboración penal internacional, porque la cibercriminalidad no tiene fronteras y se torna indispensable conocer los procedimientos para realizar los requerimientos al exterior, con el propósito de asegurar el resultado de estas solicitudes, considerando como parámetro el Convenio de Budapest” puntualizó. 

Karen Valverde Chaves, fiscala adjunta de la UCS, manifestó que es relevante que estos procesos formativos se dirijan a toda la población fiscal, por las particularidades de los casos y la necesidad de contar con conocimiento especializado ofrecido mediante herramientas que faciliten el trabajo y para una mejora del servicio público brindado.  

La capacitación se desarrolló por medio de la plataforma virtual Teams.