Con el propósito de fortalecer los conocimientos del personal docente, sobre la normativa vigente para la actuación oportuna de la persona menor de edad en riesgo de ser víctima de delitos, la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA), llevó a cabo una exposición integral en la Escuela Barrio San Luis Chacarita de Puntarenas.

La actividad se realizó con el apoyo de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público (UCS-MP) y con la coordinación de la Fiscalía Adjunta de Puntarenas.

El encuentro se realizó 12 de marzo y se centró en explicar a las personas participantes sobre la importancia y el deber de denunciar, ante la Fiscalía, cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso en perjuicio de personas menores de edad. El equipo del MP explicó que será el personal fiscal el encargado de valorar la tipicidad de las conductas que se denuncien.

En este contexto, se proporcionaron herramientas para que las personas educadoras logren identificar situaciones de riesgo y actuar de manera célere en la interposición de la denuncia.

De esa manera, el personal docente logró tener insumos que le permita reconocer a tiempo las señales de alerta que les obliga a denunciar de forma inmediata, así como delimitar la competencia que les asiste para actuar en protección de las personas menores de edad.

Durante las charlas, se les sensibilizó sobre la importancia de interponer denuncias al momento de conocer el presunto hecho de violencia, en virtud de que de esa forma contribuyen en salvar la vida de una víctima, o excluirla a tiempo de abusos o maltratos que pueden terminar en traumas irreparables.

La fiscala Floribeth Rodríguez Picado, encargada de impartir la charla, enfatizó que es vital que las personas docentes conozcan el cuerpo normativo que les ampara y les obliga a interponer las denuncias ante la Fiscalía o la policía judicial, cuando se enteran de una acción u omisión que constituye una sospecha razonable de abuso o maltrato para una niña, un niño o un adolescente.

“De esa manera podemos actuar rápidamente para brindarles la protección por parte de las instituciones según su competencia y, por otro lado, iniciar las investigaciones penales con información de calidad", dijo.

Por su parte, la fiscala adjunta de Puntarenas, Dayana Suárez Ríos, refirió que la misión del su equipo de trabajo es crear un entorno seguro para las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Puntarenas.

“Al capacitar al personal docente de los centros educativos con situaciones complejas de comportamiento, por parte de la población menor de edad, se les dota de herramientas importantes para proceder conforme a la ley y conocer el deber de denunciar e intervenir rápidamente desde sus competitividades en la atención oportuna de las víctimas de delitos”, concluyó.

La Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA) y la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas (FAI) coordinaron una visita a las fiscalías del II Circuito Judicial de Alajuela.

Esta gira de trabajo se realizó a los despachos de Upala, Guatuso y Fortuna, donde se revisaron los casos cuyas víctimas se trataba de personas menores de edad, o bien, donde había alguna persona interviniente indígena.

Lo anterior con el objetivo de verificar la aplicación correcta de la política de persecución de penal en ambas especialidades.

En los encuentros con el personal, se destacó la disposición para colaborar y fortalecer los lazos entre la FANNA, FAI y las fiscalías locales, así como el compromiso de conocer con más detalle las directrices emitidas tanto por la Fiscalía General, como por esos despachos especializados.

“El trabajo coordinado y oportuno entre las fiscalías territoriales y las especializadas genera una sinergia efectiva que al final contribuye en obtener resultados muy positivos de los procesos penales, y lo más importante una respuesta célere a las personas usuarias, en tiempos cortos y con la satisfacción de dar una atención prioritaria a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, por lo que estos acercamientos, permiten conocer la realidad con la que se trabaja en las zonas alejadas de la capital y el apoyo esencial que se les puede dar desde FANNA y FAI”, señaló la fiscal adjunta de estos despachos, Rocío De la O Díaz.

De esa manera, se busca asegurar no solo el correcto abordaje de estas poblaciones vulnerables, sino dar atención particular conforme a cada una de sus particularidades, en coordinación con entidades como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Educación Pública.

De la revisión de casos, se lograron identificar algunas oportunidades de mejora que se pusieron en conocimiento del personal de las fiscalías territoriales por medio de sus jefaturas y se les recalcó la importancia de mantener una comunicación y coordinación ágil y oportuna con FANNA y FAI, cuando se presenten situaciones o hechos que se pueden trabajar en conjunto o con la asesoría de estas, en aras de optimizar la respuesta ante las escenarios de vulnerabilidad que enfrentan tanto las personas menores de edad como las personas indígenas.

El fiscal adjunto de San Carlos, Luis Enrique Quesada Brenes, destacó la anuencia por parte de FANNA y FAI de crear enlaces con el personal fiscal de Upala, Guatuso y Fortuna.

“Es fundamental para poder ofrecer un enfoque integral en la atención de las niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia. Agradecemos la disposición de trabajar juntos en beneficio las poblaciones más vulnerables”, señaló.

Estas aproximaciones entre los despachos del Ministerio Público, constituyen un avance significativo en el compromiso conjunto de FANNA, FAI y las Fiscalías de Upala, Guatuso y Fortuna, por cuanto con ello se pretende asegurar la correcta atención de las niñas, niños y adolescentes de estas regiones, así como del pueblo indígena de Maleku en Guatuso, quienes merecen la ejecución de acciones conjuntas que permitan fortalecer la atención efectiva y eficiente de sus casos.

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), laFiscalía de Asuntos Indígenas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) desarrollaron la conferencia “Conceptos básicos de protección internacional de la población indígena en condición de desplazamiento forzado”. La actividad se realizó el 17 de marzo.

La formación fue impartida al personal fiscal, profesional y técnico judicial, tanto del Organismo de Investigación Judicial y de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, el cual, a través de charlas dialogadas, adquirieron conocimientos sobre protección internacional con énfasis en personas indígenas, con la finalidad de mejorar las competencias en la atención a la persona usuaria.

La fiscal adjunta de Asuntos Indígenas, Rocío de la O Díaz inició la actividad resaltando la importancia de que personal del MP se capacite en el tema, para ofrecer un servicio de calidad, así como realizar enlaces con el ACNUR, quienes colaborarán en el abordaje de casos con poblaciones indígenas migrantes.

“El Poder Judicial ha implementado directrices que son vinculantes y de aplicación obligatoria, ya que existen tratados internacionales que así lo exigen, por lo que lo que el MP tiene que estar preparado para atender a una persona indígena que venga bajo la condición de migrante y así valer sus derechos fundamentales”, resaltó la fiscal adjunta.

Los contenidos abordados fuero Derechos internacional de personas refugiadas, concepto de apatridia y aproximación a poblaciones indígenas desplazadas en Costa Rica y la situación de sus países de origen. Estos fueron expuestos por las funcionarias del ACNUR, Alejandra Bogarín Rojas, María del Mar González Villar y María Jesús Merino Acuña.

Con cada presentación, las facilitadoras interactuaron con el personal participante, en el cual también se aclararon dudas y se dio una retroalimentación en la materia especializada.

De acuerdo con el fiscal adjunto Álvaro Montoya Martínez, la actividad fue muy valiosa para repasar el tema de las personas refugiadas y apátridas, para poner al tanto de la difícil situación que están viviendo los miembros de la comunidad Misquita, quienes han tenido que emigrar de sus territorios debido a la difícil situación vivida en Nicaragua.

“Conocer la situación de esa población es muy importante para que en caso de que recurran a nuestros servicios, estemos mejor preparados para darle una buena atención”, indicó Montoya.

Por su parte, el fiscal Edgar Barquero Ramírez señaló que la actividad académica fortalece los enlaces de colaboración entre la Fiscalía de Asuntos Indígenas, el ACNUR y la UCS, en la lucha por los derechos de las personas en condición de desplazamiento forzado, con especial énfasis en personas indígenas.

“Las relevantes ponencias de las expositoras permitieron comprender de una manera sencilla varios conceptos clave en esta materia y la importancia de un trato adecuado y un abordaje sensible a las personas usuarias, sobre todo aquellas en condición de vulnerabilidad o vulnerabilizadas” mencionó.

La acción académica se realizó en el Auditorio de la UCS.

El fiscal adjunto del II Circuito Judicial de Limón, José Francisco Mena Castro, recibió el reconocimiento Ulises Odio Santos por su obra “La prueba indiciaria: un enfoque heurístico del fenómeno indicio”. Este le fue otorgado en el marco de la celebración de la apertura del Año Judicial, la cual se llevó a cabo el 21 de marzo, con la presencia de diversas autoridades de la institución, entre ellas, el fiscal general, Carlo Díaz

De acuerdo con la organización del Poder Judicial, el reconocimiento es una distinción de alto prestigio, el cual se otorga a quienes realicen aportes significativos al desarrollo del conocimiento jurídico, no solo por la novedad y actualidad de la obra, sino también su valor científico, relevancia teórica y práctica, y el impacto que representa para la vida jurídica nacional.

“Recibir este reconocimiento es, sin duda, un honor que me llena de profunda gratitud y compromiso. No solo representa un logro personal, sino también un testimonio del esfuerzo dedicado al estudio, la enseñanza y la investigación jurídica”, señaló Mena.

El funcionario explicó que la obra nació de una inquietud académica y práctica: la necesidad de repensar el papel de la prueba indiciaria en el proceso penal, especialmente ante escenarios donde la prueba directa es inexistente o insuficiente.

“El libro propone un enfoque heurístico del fenómeno indicio, entendiendo que este no se limita a una mera categoría probatoria, sino que implica una compleja construcción lógica, epistemológica y jurídica”, destacó.

Mena señaló que se trata de cinco capítulos, en los cuales se desarrolla un recorrido que parte de las concepciones filosóficas del conocimiento, avanza por la evolución histórica del indicio, su estructura y clasificación, y culmina con su tratamiento en la jurisprudencia costarricense y comparada, con referencias específicas a los modelos de Estados Unidos, Colombia y España.

“He procurado brindar una visión integral, que no solo explore los fundamentos teóricos, sino que también ofrezca herramientas prácticas para el análisis y valoración de la prueba indiciaria, en especial ante el desafío que plantean las nuevas formas de criminalidad organizada, la sofisticación de los delitos y la creciente dificultad para obtener prueba directa”, dijo.

El galardonado es funcionario del Poder Judicial desde el 2003, cuando ingresó como investigador en la Subdelegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Aguirre y Parrita, al año siguiente se incorporó a la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI), donde se desempeñó hasta el 2009.

Luego se integró al Ministerio Público como fiscal auxiliar en la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad Física, y en el 2012, formó parte de la Fiscalía Adjunta Contra la Delincuencia Organizada, donde laboró hasta el 2018, año en que asumió la jefatura de Pococí.

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Fiscalía Adjunta de Género, desarrolló el curso virtual “Aplicación del Protocolo Interinstitucional de Atención integral a víctimas de violación sexual”, el cual fue impartido al personal fiscal de San José, Turrialba y Género, así como profesional de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima (OAPVD) y técnico judicial. El curso se impartió el 12 de marzo.

En esta actividad formativa se abordaron temas como el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, la integración de los Equipos de Respuesta Rápida, el peritaje médico legal en delitos sexuales, atención integral a víctimas de violación en las primeras 72 horas, primeros auxilios psicológicos, entre otros.

El curso fue facilitado por la fiscala adjunta de Género, Debby Garay Boza, la psicóloga de la OAPVE, Mónica Solano Ramírez y la doctora Sandra Solórzano Herra, jefa de la Sección Clínica Médico Forense del Organismo de Investigación Judicial.

La participante del curso, Eilynn Calderón Salazar, manifestó que “los conocimientos adquiridos en el curso son de gran utilidad, ya que escuchar la experiencia de compañeros y de la licenciada Debby fue totalmente provechoso y necesario para mantenernos actualizados en el tema”.

Por su parte, la funcionaria Elena Fernández Córdoba, refirió que, “como integrantes del equipo que acompaña a las víctimas durante la atención del Protocolo de 72 horas, es fundamental estar actualizados en cuanto a estos contenidos y la forma en la cual se debe realizar las gestiones y demás participación como profesionales ante la atención de estos casos”.

De acuerdo con la fiscala coordinadora de la UCS, Mayela Pérez Delgado, es relevante brindar capacitación y actualización permanente a las personas funcionarias del MP, sobre el abordaje y atención integral a las víctimas de violencia sexual. 

Con el fin de fortalecer los conocimientos del personal de la Fiscalía Adjunta de Puntarenas sobre la atención de personas menores de edad víctimas de delitos, ese despacho y la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA) coordinaron un espacio formativo que permitió conocer con amplitud la política de persecución penal de la materia de niñez y adolescencia.

La capacitación se llevó a cabo el 14 de marzo de 2025, con el propósito de brindar las herramientas necesarias para realizar las diligencias adecuadas y correctas en cada investigación penal que tramita este despacho.

Cuando a la Fiscalía se presenta una persona menor de edad víctima de delito, se debe dar prioridad en la atención, por lo que se procuró sensibilizar al personal de la importancia de ese trato especial, desde el primer contacto que se tenga con esa población.

También se conversó sobre la necesidad de manejar correctamente la teoría del caso en cada expediente, por lo que, durante la capacitación, se enfatizó de la importancia de brindar atención sensible y respetuosa a las víctimas y sus familias.

La fiscala adjunta de FANNA, María del Rocío de la O Díaz indicó que "es esencial que el personal fiscal y técnico amplíe sus conocimientos en materia de poblaciones vulnerables, en virtud de que ello le da bases sólidas que mejoran la confianza en sí mismos, así como al sistema judicial por parte de las personas usuarias, que acuden a nuestros despachos con la esperanza de recibir una respuesta y una solución objetiva de sus conflictos”.

“Capacitarse y conocer la función de cada fiscalía rectora, para ejecutar acciones conjuntas entre las fiscalías territoriales y las especializadas sin duda alguna permitirá mejorar el servicio público que prestamos a nivel nacional bajo criterio estandarizados y especializados, amplió”

Por su parte, la fiscala adjunta de Puntarenas, Dayana Suárez Ríos, reafirmó su compromiso en mejorar el trámite de los casos que involucra a esta población.

"Para mejorar la atención de las niñas, niños y adolescentes que se presentan a la Fiscalía de Puntarenas, es de suma importancia que el personal conozca en detalle la política de persecución penal de esta materia, en virtud de que estamos dedicados a dar un buen servicio y a su vez crear entornos seguros para la sociedad civil en general”.

La fiscal jefa de esa zona indicó que la labor del personal es vital para garantizar que se escuchen las voces de las personas menores de edad y se protejan sus derechos. “Esta capacitación por parte de FANNA es un aporte importante para cumplir con nuestros objetivos como ente fiscal de esta provincia", puntualizó.

El trabajo organizado entre las Fiscalías de San Ramón y Grecia, en conjunto con las delegaciones de Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial de esos cantones de occidente, permitió llegar marzo con 37 casos menos por delitos contra la propiedad, en esa zona del país.

Esto significa una disminución del 10.34% de delitos de robo y hurto, en sus distintas modalidades (asalto, robos a casas, comercios y de vehículos, robo de ganado, etc.), en comparación con el mismo período del 2024.

Si se toma en cuenta la situación de los cantones de San Mateo, Poás y Atenas, los cuales son competencia de la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de Alajuela, se debe señalar que la disminución, total, fue de un 20%.

La cifra fue confirmada por el analista de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública, Roy Rodríguez, durante la reunión mensual que convoca a las jefaturas de esas instituciones, donde se da seguimiento a los planes de trabajo, los cuales buscan mejorar la seguridad de la población de ese sector.

“Estas reuniones nos permite realizar estrategias para trabajar en una misma línea, con objetivos policiales específicos. Esto nos ayuda identificar de una manera más rápida a aquellas personas que se dedican a cometer delitos en esta zona, para someterlas al proceso penal con celeridad y así disminuir los delitos y dar una mayor seguridad a la ciudadanía”, destacó el fiscal adjunto de San Ramón, Fernando Arguedas.

Según señaló el fiscal jefe, el propósito de desarrollar estas mesas de trabajo es continuar dándole seguimiento a las cifras, para procurar que las disminuciones se mantengan.

La reunión se desarrolló el 19 de marzo, en la delegación de Fuerza Pública, en Palmares.

UCS. Un grupo de 21 fiscalas y fiscales de todo el país participó de la actividad académica “Importancia de las Ciencias Forenses y Medicina Legal en la labor del órgano fiscal”, la cual se desarrolló en cuatro sesiones de trabajo, durante el 26 de julio; 01, 07 y 14 de agosto, por medio de la plataforma Microsoft Teams.

La primera parte de esta formación, coordinada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), tuvo como propósito promover en las personas participantes la comprensión de las pericias que desarrolla el Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los procedimientos para llegar a las conclusiones que establecen los dictámenes y utilizar su resultado de manera eficiente en las investigaciones.

De igual manera, se les brindó al personas el conocimiento general sobre toxicología, biología forense e imagen y sonido, con la finalidad de que cuenten con dichos insumos para su aplicación en el abordaje de las investigaciones penales.

Durante la primera fecha de capacitación, el técnico del Departamento de Ciencias Forenses, Marlon Quesada Brenes, presentó los temas relacionados con el Manual de Servicios Forenses, la solicitud de formulario F-83i y expuso el listado estándar de pericias.

Además, el expositor enfatizó en la importancia que tiene la prueba pericial en el proceso penal y que esta es fundamental para la labor desplegada por el MP en coordinación con el OIJ. Por ello, el fin de este tipo de actividades académicas es dotar a los fiscales y las fiscalas, así como también a las personas técnicas judiciales, con las herramientas necesarias para el manejo adecuado a la hora solicitar este tipo de prueba.

La conferencista y especialista de la Sección de Biología Forense, Jessica González Venegas, señaló que, “es de suma importancia que el personal fiscal conozca acerca de los servicios que se ofrecen en esta Sección y así cuenten con el conocimiento y las herramientas necesarias para apoyar la presentación de un caso ante el tribunal y se les facilite la comprensión de los resultados emitidos en los dictámenes generados a partir de las pericias realizadas”.

Finalmente, la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, recalcó que la Administración de Justicia Penal cuenta con el apoyo del conocimiento científico forense de una Laboratorio que acredita sus procesos y con la finalidad de brindar un servicio público de calidad, de manera que el Ministerio Público como encargado de la investigación penal, debe capacitarse en su mejor uso y aprovechamiento, no solo para conseguir el mismo objetivo, sino para un adecuado manejo del recurso. Este tipo de actividades muestran la coordinación entre el OIJ y el MP para beneficio de la labor compartida.